El equilibrio fiscal y la competitividad: la lectura de García Moritán

En una columna publicada en El Cronista, Patricio García Moritán —abogado especializado en derecho administrativo y regulación económica, y hoy también empresario del sector industrial— retoma un debate que atraviesa el momento económico argentino: el equilibrio fiscal y su relación con la apertura de importaciones y la competitividad industrial. Su tesis central: la misma lógica que ordena la política fiscal —primero corregir las causas, después habilitar el alivio— debería ordenar la transición hacia una economía abierta.

Un diagnóstico histórico sobre el “anabólico” argentino

El punto de partida es diagnóstico: durante décadas, Argentina resolvió su falta de competitividad con dos atajos —la devaluación (para el mercado externo) y el proteccionismo (para el mercado interno)—. Ambos funcionaron como un “anabólico”, según la figura del autor, que corregía en una noche lo que no se corregía en años de productividad estancada, rigidez laboral y presión tributaria creciente. Un músculo que crecía rápido pero no era propio.

Los tres tercios de la competitividad industrial

El aporte conceptual más denso del artículo es una descomposición de la competitividad industrial en tres tercios, cada uno con distinta lógica de solución:

• El tercio de la gestión industrial: productividad interna, escala, eficiencia de procesos, calidad del management. Es el único enteramente en manos de quienes gestionan la empresa. “Quien reclama protección sin haber modernizado su planta —observa el autor— no tiene un problema de transición: tiene un problema de gestión”.
• El tercio del costo laboral: una relación multilateral construida sobre una maraña legal difícil de desarmar, cuyos beneficios visibles conviven con perjuicios abstractos e indirectos que operan justo donde la percepción humana es más débil.
• El tercio regulatorio y tributario: decisiones donde el Estado es el único responsable, con distintos grados de unilateralidad. El artículo subraya una asimetría clave: cuanto más decretable es una carga, menos excusa hay para no moverse con la misma velocidad que se le exige a la industria.

Tres principios constitucionales convergentes

El análisis jurídico central identifica tres principios constitucionales que convergen sobre el mismo problema:

• Razonabilidad (art. 28 CN): exige que el medio guarde relación con el fin. Cargar todo el ajuste sobre la industria mientras el Estado retiene intacta su porción no cumple ese estándar.
• No regresividad (arts. 75.19 y 75.22 CN): exige que un cambio de política no desmantele condiciones adquiridas sin un sendero de salida.
• Confianza legítima: exige que quien invirtió y produjo bajo un set de reglas tenga derecho a un tiempo de adaptación cuando esas reglas cambian, aun siendo el cambio deseable.

Ninguno de los tres, aclara el autor, le pide al Estado que no abra la economía. Le piden algo más módico e incómodo: que la transición sea una política, no un accidente que le toca resolver a otro.

Un caso testigo: la tasa de estadística

El artículo cierra con un ejemplo concreto que ilustra el argumento general. La tasa de estadística —cargo vinculado al comercio exterior— fue llevada por decreto del 0,5% al 2,5% en 2019 y prorrogada sucesivamente sin ley del Congreso que fijara alícuota. La Corte ya había resuelto en “Camaronera Patagónica” (2014) que el Ejecutivo no puede fijar ni modificar tributos al comercio exterior sin ley que establezca al menos un techo y un piso. La Cámara Contencioso Administrativo Federal reiteró la doctrina en “Dass Argentina” (febrero 2025), declarando inconstitucional el decreto de 2019. El caso está hoy en la Corte. El detalle paradójico: la empresa que obtuvo la única sentencia sobre el fondo cerró su última planta después de casi veinte años.

Coherencia con análisis previos

El planteo se ubica en la intersección entre derecho administrativo, regulación económica y análisis institucional —áreas centrales de la práctica de García Moritán— y guarda coherencia con dos análisis anteriores del autor: la conclusión de su artículo sobre Asociaciones Público-Privadas (“ningún candado contractual compensa la ausencia de estabilidad macroeconómica”) y su columna en El Economista sobre el “fetichismo del procedimiento” (donde la sobreprotección regulatoria encarece o vacía el mercado). Los tres textos convergen en una misma tesis: la calidad institucional se juega en el ritmo tanto como en la dirección.

Un aporte al debate contemporáneo

En un momento donde la agenda económica argentina discute simultáneamente equilibrio fiscal, apertura comercial y régimen laboral, el artículo aporta un marco integrador: sin cuestionar la dirección elegida, exige simetría metodológica entre lo que el Estado se pide a sí mismo y lo que le exige al sector privado. Una lectura relevante tanto para el diseño de política pública como para el análisis jurídico de las transiciones regulatorias.