El Estado que se (des)protege de sí mismo: la lectura de García Moritán

En enero de este año, la Universidad de Yale reunió a juristas y economistas en una conferencia dedicada a lo que ya se conoce como el movimiento por la capacidad estatal: la constatación —desarrollada por autores como Nicholas Bagley (Michigan), Ezra Klein y Derek Thompson— de que el derecho administrativo, diseñado para controlar al poder, terminó en la práctica incapacitando al Estado para entregar resultados. En un artículo publicado en El Economista, Patricio García Moritán retoma ese debate desde el ángulo argentino y aporta un diagnóstico propio: acá no se trata solo de fetichismo procedimental sino de algo más corrosivo — la desconfianza institucional.

De la teoría global al caso argentino

El punto de partida del análisis es que los hallazgos académicos norteamericanos —que California, el estado más rico y más progresista del país, no puede terminar su tren de alta velocidad mientras Texas construye a toda velocidad— no son nuevos para quien conoce la administración pública argentina. Lo que sí resulta original en la lectura de García Moritán es la explicación específica: en Argentina, la lógica no proviene del “progresismo participativo” que se autoexamina en Estados Unidos, sino de una arquitectura de sospecha construida escándalo a escándalo.

Cada renegociación turbia, cada contratista incumplidor, cada episodio de corrupción produjeron una capa adicional de controles, requisitos, garantías y penalidades. La respuesta institucional a cada problema es la de un Estado que sospecha. Y —según el análisis— el Estado que sospecha termina pagando el precio de su propia sospecha.

El mecanismo económico de la sobreprotección

El artículo describe con precisión cómo opera el círculo: un pliego que exige garantías desproporcionadas, contempla facultades rescisorias unilaterales o transfiere al contratista privado riesgos que corresponden al Estado (riesgo regulatorio, riesgo cambiario en contratos de largo plazo, riesgo de la mora estatal) produce uno de dos resultados:

• El oferente incorpora el costo del riesgo al precio de su oferta, y el Estado paga más caro por exactamente lo mismo.
• El oferente no se presenta, porque no tiene la escala para absorber el riesgo, y el Estado se queda con menos competencia — con dos ofertas, con una, a veces con ninguna.

En ambos escenarios, la cláusula diseñada para proteger el interés público lo perjudica, porque la sobreprotección encarece o vacía. Como precedente, García Moritán cita a la propia Oficina Nacional de Contrataciones, que en 2019 aprobó un pliego único para la obra pública cuyo objetivo declarado era “disminuir la posibilidad de pliegos dirigidos y de colusión de ofertas” — un reconocimiento institucional de que el instrumento de protección se había convertido en el instrumento del problema.

Por qué la asimetría persiste

Uno de los pasajes más originales del análisis explica por qué esta práctica no se corrige espontáneamente. La respuesta apunta a una asimetría política que raras veces se hace explícita: cuando una obra sale mal, hay un responsable, una foto, un expediente. Pero cuando una cláusula sobreprotectora espanta a tres oferentes y el Estado adjudica al único que quedó, pagando un treinta por ciento más, no hay foto. El costo de la sobreprotección opera exactamente donde la percepción humana es más débil: el contrafáctico. Frente a esa asimetría, sobreproteger es —según el diagnóstico— individualmente racional y colectivamente ruinoso.

Marco doctrinario y continuidad de análisis

El planteo se ubica en la intersección entre derecho administrativo, contratación pública y análisis institucional, y guarda coherencia estrecha con la lectura que García Moritán había desarrollado semanas antes al analizar el régimen argentino de Asociaciones Público-Privadas: la conclusión de aquella pieza —“ningún candado contractual compensa la ausencia de estabilidad macroeconómica”— se amplía aquí a un diagnóstico general sobre el diseño institucional de la contratación pública argentina, con anclajes académicos internacionales que fortalecen la argumentación.

Un aporte al debate contemporáneo

La discusión sobre la capacidad del Estado para ejecutar es hoy uno de los ejes centrales del debate público argentino y global. En ese contexto, la contribución del artículo consiste en desplazar el foco —del control como valor supremo hacia el resultado como criterio— y en ofrecer una explicación teórica sobre por qué el reflejo institucional argentino, aún con las mejores intenciones, tiende a perpetuar los problemas que pretende resolver. Un aporte relevante tanto para la doctrina administrativista como para quienes deban diseñar la próxima generación de pliegos y marcos regulatorios en el país.