Los incentivos democráticos y el gasto público: la lectura de García Moritán

En una columna publicada en Infobae, Patricio García Moritán —abogado especializado en derecho administrativo y regulación económica, y empresario del sector industrial— aborda un fenómeno que atraviesa la historia económica argentina y que rara vez se discute en su nivel más técnico: la asimetría de los incentivos electorales frente a la política fiscal. Su tesis central: la democracia electoral retribuye mejor la expansión del gasto que la corrección, no porque los votantes sean irracionales, sino porque el beneficio del gasto es visible e inmediato mientras su costo llega diferido, disperso y sin atribución causal clara.

La ilusión fiscal como marco teórico

El punto de partida del análisis es conceptual y no coyuntural. El autor apoya su lectura en un cuerpo teórico consolidado que suele quedar fuera del debate público: la “ilusión fiscal” que James Buchanan y Richard Wagner formalizaron hace casi cincuenta años y que Amilcare Puviani había anticipado en 1903. La idea es simple pero de consecuencias importantes: el déficit, la deuda, la emisión, la inflación y la distorsión de precios relativos son efectos dilatados en el tiempo, dispersos entre muchos actores y de difícil atribución al gobierno que los originó. Cuando aparecen, siempre hay circunstancias ajenas a las que atribuirlos. Por eso, sostiene el autor, “el irresponsable raramente es responsable”.

El artículo no plantea el fenómeno como una particularidad argentina, sino como una estructura de incentivos presente en todo sistema democrático. La pregunta que el autor propone hacerse es otra: si la Argentina, después de décadas de oscilación entre expansión y ajuste, encontró finalmente una salida institucional o simplemente cambió de protagonista dentro del mismo guion pendular.

Cuatro momentos, la misma estructura

A partir de ese marco, el análisis recorre los últimos veinte años de política fiscal argentina como aplicaciones distintas de un mismo mecanismo:

• El período kirchnerista (2003–2015) funciona, en la lectura del autor, como un caso de manual del “efecto ratchet” descripto por Robert Higgs: el Estado se expande al calor de una crisis y de una bonanza, y no vuelve a su tamaño previo cuando la coyuntura cambia, porque desarmar una prestación otorgada cuesta políticamente más de lo que rindió otorgarla. La estatización de las AFJP, la intervención del INDEC, las retenciones, los tipos de cambio múltiples, los subsidios y el financiamiento monetario del déficit son, en esa lectura, mecanismos para diferir y despersonalizar el costo de una expansión que había perdido su sustento.

• La gestión de Macri aparece como un caso distinto: el intento de corrección gradualista que tropezó con un problema formalizado por Finn Kydland y Edward Prescott en 1977, la consistencia intertemporal. Un gobierno puede anunciar una trayectoria de ajuste, pero si el mercado y el electorado anticipan que la restricción política impedirá sostenerla, el anuncio no genera el descuento de expectativas necesario para que el ajuste funcione sin crisis. La consecuencia fue conocida: la corrección gradual no se percibió como un compromiso genuino, la injerencia sobre el Banco Central completó el cuadro y la corrida de 2018 dejó al gobierno sin el único activo que hacía sostenible su estrategia: credibilidad.

• El ciclo Alberto Fernández–Massa (2019–2023) representa, en el análisis, el punto de mayor sofisticación del mecanismo: expansión sin licuación reciente, sin crédito, sin pagos de deuda suspendidos y sin viento de cola de commodities. La respuesta fue emisión, multiplicación de tipos de cambio y regulaciones que institucionalizaron la ilusión fiscal como política de Estado. Cada “dólar” diferenciado —agro, Qatar, MEP, CCL, tarjeta— difirió la percepción del costo real del desequilibrio. El autor lee esa etapa como “Puviani llevado a su expresión más elaborada”.

• La gestión Milei invierte la lógica desde la práctica y desde la narrativa: aplica lo que el autor denomina la estrategia de la “antiventa” —no hay plata, voy a recortar, vamos a sufrir—. El ajuste de shock de 2024, con el equilibrio fiscal como regla dura y no como meta gradual, es un intento explícito de resolver el problema de Kydland-Prescott por la vía del compromiso costoso de revertir: volver públicamente sobre el déficit cero tiene, por ahora, un precio político mayor que sostenerlo.

¿Ruptura o desplazamiento invertido?

Aquí el análisis introduce el matiz más interesante del artículo. El autor advierte no confundir un shock con una corrección institucional de incentivos. Lo que se produjo, sostiene, es una suerte de “ratchet inverso”: un ajuste que no se revierte, no porque la asimetría subyacente haya cambiado de signo, sino porque volver a gastar cuesta hoy más que sostener el recorte. Y ese costo depende de que se mantenga la configuración política actual. Si el ciclo electoral la altera, el ajuste puede revertirse con la misma facilidad con la que se revierte una promesa de campaña.

La pregunta relevante, en la lectura del autor, no es entonces si Milei ajustó —sí lo hizo—, sino si construyó una arquitectura de equilibrio fiscal que sobreviva a un gobierno que piense distinto.

La asimetría no se resuelve con personas

El planteo culmina en un argumento estructural: el equilibrio fiscal no es hoy una regla codificada en ninguna norma. Es “una apetencia personal” del presidente, y aun si se sancionara una ley formal, tampoco sería una garantía definitiva. El autor recuerda un antecedente inevitable: la Convertibilidad fue ley (23.928) durante más de una década y “dio sensación de seguridad a todo el entramado económico”, pero se derogó con otra ley (25.561) en cuestión de días, apenas cambió el costo político de sostenerla.

Toda corrección que dependa de un gobierno —o peor, de una persona— queda sujeta a la misma asimetría electoral que produjo la expansión que busca revertir: corregir siempre retribuye menos que prometer, incluso cuando quien gobierna es quien corrige.

Tres modelos comparados

El artículo aporta un examen de los modelos institucionales que otros países ensayaron para elevar el costo político de revertir un ajuste. El autor distingue dos vías y advierte que conviene no confundirlas:

• La rigidez normativa, ilustrada por Brasil, que puso su techo de gasto en una enmienda constitucional (EC 95/2016). Ni siquiera la jerarquía constitucional impidió que el gobierno de Lula lo reemplazara en 2023, cuando sostenerlo empezó a costar más que derogarlo.
• La transparencia obligatoria, ilustrada por Nueva Zelanda, que no fijó metas numéricas en su ley sino que obligó a cada gobierno a declarar sus objetivos fiscales y a explicar públicamente cada desvío.

Ninguna de las dos vuelve nada irreversible, admite el autor. Pero ambas encarecen la reversión, “que es de lo que se trata”.

Una alternativa para Argentina

La propuesta más concreta del artículo apunta a atacar exactamente el mecanismo que hace posible la asimetría: si el costo del gasto llega diferido, disperso y sin autor, un camino posible es un consejo fiscal independiente cuya única función sea ponerle precio —público, previo y plurianual— a toda medida que afecte el equilibrio fiscal, venga del Ejecutivo o del Congreso. Chile creó el suyo, el Consejo Fiscal Autónomo, con esa lógica.

El autor es explícito respecto de lo que la propuesta no pretende ser: no prohibiría gastar ni ataría a las mayorías futuras —algo que además sería inconstitucional—. Haría algo más módico: ponerle nombre, fecha y monto a una factura que hoy llega sin remitente. La ambición del diseño es acotada: no se trata de eliminar la asimetría —el autor la considera fuera del alcance— sino de encarecerla.

Coherencia con análisis previos

El planteo se ubica en la intersección entre derecho administrativo, análisis institucional y economía política —áreas centrales de la práctica de García Moritán— y guarda coherencia con sus análisis anteriores sobre calidad regulatoria. La lectura empalma con su columna en El Cronista sobre equilibrio fiscal y competitividad (donde sostenía que la disciplina metodológica debe ser simétrica entre lo que el Estado se pide y lo que le exige al sector privado) y con su análisis en El Economista sobre el fetichismo del procedimiento (donde argumentaba que la sobreprotección normativa termina perjudicando aquello que pretende proteger). En los tres textos aparece una tesis común: la calidad institucional se juega en el diseño tanto como en la voluntad de quien conduce.

Un aporte al debate contemporáneo

En un momento donde la agenda pública argentina discute si el equilibrio fiscal sobrevivirá al próximo ciclo electoral, el artículo desplaza la conversación de las personas a las estructuras: el péndulo argentino no describe una historia de protagonistas —Cristina, Macri, Alberto y Massa, Milei— sino una y la misma estructura de incentivos operando sobre gobiernos distintos. Para el autor, los desenlaces posibles son dos y ninguno es neutro: que la responsabilidad fiscal quede instalada como un piso que el próximo gobierno no pueda ignorar, o que se queme en el intento. Si ocurre lo segundo, advierte, lo que se pierde no es un programa económico: es la posibilidad de defender la moderación fiscal como virtud durante mucho tiempo.