La factura que llega sin remitente: la lectura de García Moritán

En una columna publicada en el Suplemento Económico de La Prensa, Patricio García Moritán —abogado especializado en derecho administrativo y regulación económica, y empresario del sector industrial— aborda el problema técnico que atraviesa la política fiscal argentina desde hace décadas y propone leerlo con un marco que rara vez llega al debate público: la arquitectura institucional que hace posible —o imposible— que una corrección fiscal sobreviva a un cambio de gobierno.

Una imagen que sintetiza el problema

El artículo arranca con una imagen fundante. En 1991 la Argentina sancionó una ley —la Convertibilidad, la 23.928— que ordenó su economía durante más de una década. A comienzos de 2002, otra ley la derogó en cuestión de días. La observación del autor no se detiene en el mérito o demérito de la norma: se detiene en el mecanismo. La Convertibilidad no cayó porque fuera una mala regla ni porque le faltara jerarquía. Cayó cuando sostenerla pasó a costar más que voltearla. En una sola imagen, sostiene el autor, ahí está el problema argentino. Y no es un problema económico, es un problema de diseño institucional.

La asimetría que no es solo argentina

La tesis técnica central del artículo remite a un cuerpo teórico consolidado. Amilcare Puviani describió el mecanismo de la ilusión fiscal en 1903 y James Buchanan y Richard Wagner lo formalizaron hace casi cincuenta años. El planteo del autor es que Argentina no descubrió ese fenómeno: lo perfeccionó.

El mecanismo es simple pero de consecuencias amplias. El beneficio de gastar dinero público es visible, inmediato y con autor identificable; el costo llega después, repartido entre todos y sin nombre propio. Déficit, deuda, emisión, inflación, distorsión de precios relativos: son efectos dilatados, dispersos y difíciles de imputar. Y cuando aparecen, siempre hay una circunstancia externa a la que atribuirlos. Por eso, en la lógica electoral, el gobierno que expande cobra la ganancia con velocidad y el gobierno que corrige paga el costo con la misma velocidad. La ecuación democrática, sostiene el autor, está desnivelada de origen.

No es una particularidad local. Es la razón por la que prácticamente todos los sistemas democráticos, en algún momento de la posguerra, descubrieron que sus déficits crecen más rápido que sus economías cuando no median mecanismos institucionales que compensen esa asimetría.

Un péndulo con actores distintos y una sola estructura

El artículo hace un repaso conciso —cuatro momentos, sin agotarlos— para mostrar que el fenómeno argentino de las últimas dos décadas no obedece a la ideología de quien gobierna sino a la lógica del sistema:

• El período 2003–2015 es leído como un caso de manual del “efecto ratchet” que Robert Higgs formalizó: el Estado se expande al calor de una crisis y de una bonanza, y no vuelve a su tamaño previo cuando la coyuntura cambia. Los correctivos posteriores —retenciones, estatización de las AFJP, intervención del INDEC, tipo de cambio múltiple, financiamiento monetario del déficit— compartían una virtud política: diferían el costo y lo despersonalizaban.

• El gradualismo de Macri ilustra un problema específico, la consistencia intertemporal que Finn Kydland y Edward Prescott formalizaron en 1977 y por el que recibieron el Nobel en 2004. Un anuncio de ajuste sólo produce el descuento de expectativas que lo hace sostenible cuando el mercado y el electorado creen que la política lo va a sostener. En 2018 quedó a la vista lo que pasa cuando no lo creen.

• El ciclo 2019–2023 fue expansivo sin licuación previa, sin crédito y sin viento de cola, con la pandemia encima. El resultado, en la lectura del autor, no fue solo emisión y distorsión de precios: fue institucionalizar la opacidad como técnica de gobierno. Cada variante del dólar —agro, Qatar, MEP, contado con liquidación, tarjeta— fue una manera distinta de correr la percepción del costo real del desequilibrio.

• El ajuste de shock de 2024 invierte el signo pero opera dentro de la misma estructura. El equilibrio fiscal se sostiene porque, por ahora, el costo político de revertirlo es mayor que el de sostenerlo — una suerte de “ratchet inverso”. Pero es una preferencia del gobierno actual, no una regla institucional. Si el ciclo electoral la altera, no hay arquitectura que impida la reversión.

Dos caminos institucionales, uno viable

La pregunta que propone el autor no es entonces si Milei ajustó —sí lo hizo—, sino si construyó una arquitectura que sobreviva a un gobierno que piense distinto. Para responderla examina qué modelos ensayaron otros países que enfrentaron la misma asimetría.

• Brasil puso su techo de gasto en una enmienda constitucional en 2016 —una jerarquía superior a la ley ordinaria—. Ni siquiera esa rigidez bastó: el gobierno de Lula la reemplazó en 2023, apenas sostenerla costó más que derogarla. La enseñanza, para el autor, es fuerte: la rigidez formal no basta cuando la aritmética política cambia. Ninguna norma es un blindaje; solo eleva el precio de dar marcha atrás.

• Nueva Zelanda eligió un camino distinto. No fijó metas numéricas en la ley: obligó a cada gobierno a hacer públicos sus objetivos fiscales y a justificar cada desvío. La opacidad —que es el insumo principal de la ilusión fiscal— queda formalmente vedada. El modelo lleva más de tres décadas funcionando.

• Un tercer camino combina elementos de ambos. Chile creó en 2019 su Consejo Fiscal Autónomo, un evaluador técnico independiente que costea públicamente toda medida con impacto fiscal, venga del Ejecutivo o del Congreso. No tiene poder de veto: solo obliga a que cada decisión tenga nombre, fecha y monto.

Ninguno de los tres, aclara el autor, elimina la asimetría de incentivos. Los tres la encarecen, que es exactamente de lo que se trata.

La propuesta para Argentina

La propuesta más concreta del artículo es una adaptación del modelo chileno: un consejo fiscal independiente cuya única función sería ponerle precio —público, previo y plurianual— a cada medida que afecte el equilibrio fiscal. No prohibiría gastar. No ataría a las mayorías futuras (algo que, además, sería inconstitucional). Haría algo más módico y probablemente más eficaz: ponerle nombre, fecha y monto a una cuenta que hoy no firma nadie.

Se trata, en la lectura del autor, de un diseño compatible con el marco constitucional argentino, sancionable por ley y de bajo costo de instalación. No vuelve nada irreversible; encarece la reversión de manera sistemática. Es la diferencia, argumenta, entre un equilibrio fiscal que sobrevive a un cambio de gobierno y uno que depende de que gobierne una persona determinada.

Coherencia con análisis previos

La pieza se ubica en la intersección entre derecho administrativo, análisis institucional y economía política —áreas centrales de la práctica de García Moritán— y guarda coherencia con sus columnas anteriores sobre la calidad institucional del ordenamiento económico. Empalma con su análisis en Infobae sobre los incentivos democráticos y el gasto público (donde examinó el mismo fenómeno con un recorrido por las últimas cuatro administraciones argentinas), con su columna en El Cronista sobre equilibrio fiscal y competitividad (donde sostenía que la disciplina metodológica debe ser simétrica entre lo que el Estado se pide y lo que le exige al sector privado), y con su análisis en El Economista sobre el fetichismo del procedimiento (donde argumentaba que la sobreprotección normativa termina perjudicando aquello que pretende proteger). Los cuatro textos convergen en una misma tesis: la calidad institucional se juega en el diseño tanto como en la voluntad de quien conduce.

Un aporte al debate contemporáneo

En un momento donde la agenda pública argentina discute simultáneamente el resultado del ajuste actual y su continuidad política, el artículo desplaza la conversación de las personas a las estructuras. Para el autor, los dos desenlaces posibles no son neutros: que la responsabilidad fiscal quede instalada como un piso que el próximo gobierno no pueda ignorar, o que se queme en el intento. Si ocurre lo segundo, advierte, lo perdido no será un programa económico: será la chance de volver a defender la moderación fiscal como virtud durante mucho tiempo.