Lo que Argentina puede construir con las Asociaciones Público-Privadas

El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió a Lima como sede de “PPP Américas 2025”, el foro regional sobre Asociaciones Público-Privadas o Participaciones Público-Privadas (en adelante, PPP). Perú llegó a esa cita con un activo notable: veintitrés años de continuidad en su modelo, más de 240 proyectos adjudicados y una cartera de 46.000 millones de dólares para el bienio próximo. Es un caso que vale la pena mirar, no como espejo de nuestras carencias, sino como prueba de algo más alentador: cuando un país sostiene reglas claras en el tiempo, el capital privado responde a una escala que transforma la infraestructura de un país entero.

Vale observar que Perú no se caracterizó por su estabilidad política —atravesó ocho presidentes desde 2006, varios con salidas abruptas— pero sí sostuvo algo más determinante: la continuidad de su política monetaria. Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva del Perú desde 2006, ratificado sin interrupciones por gobiernos de signos opuestos. Esa continuidad, más que cualquier acuerdo puntual, permitió bancarizar dos décadas de infraestructura: los bancos y fondos de inversión no financian promesas de campaña, financian previsibilidad monetaria. Es, en el fondo, una versión regional de aquella advertencia de James Carville en la campaña de Clinton en 1992: es la economía, estúpido.

Argentina no tiene aún proyectos exitosos en su haber, pero sí tiene, desde 2016, un régimen de PPP con estándares internacionales y consenso de distintos sectores, aprobado por ley 27.328. Tiene, además, estructura administrativa y experiencia acumulada. Ese punto de partida es una ventaja: no hace falta inventar el instrumento, solo darle continuidad y profundidad. La pregunta interesante es qué podemos construir a partir de lo que ya tenemos.

Una oportunidad de rediseño, no de reparación

Las PPP ya no se piensan solo como una forma de financiar infraestructura pública, sino como un sistema de gobernanza de largo plazo. La distinción importa: no se trata de traer capital privado a un proyecto puntual, sino de construir una arquitectura institucional que sobreviva a los cambios de gobierno y a los ciclos económicos. Argentina puede dar ese salto sin empezar de cero.

Esa arquitectura se apoya en cinco pilares. El primero —y probablemente el más determinante— es la estabilidad macroeconómica como condición habilitante. Ningún esquema contractual a veinte o treinta años puede diseñarse al margen de su contexto. Argentina ya hizo el experimento: el primer paquete de seis corredores viales se adjudicó en julio de 2018, en plena corrida cambiaria, con contratos en dólares que dependían de bancarizar la obra afuera. Cuando la macroeconomía se derrumbó, ese crédito se volvió inviable y, entre 2020 y 2021, el Estado rescindió los seis contratos. La lectura habitual es que las PPP no funcionan en Argentina; la más precisa es que ningún financiamiento privado sobrevive a una crisis de bancarización. El país no falló en el diseño contractual: dejó de ser bancable justo cuando había que buscar el crédito. Perú no lo resolvió de una vez: lo sostuvo dos décadas. Esa es la variable que hay que imitar.

El segundo pilar es la seguridad jurídica en sentido amplio: no solo la letra de la ley 27.328, sino la previsibilidad de su aplicación. Un contrato de PPP bien diseñado incorpora mecanismos de resolución de controversias, cláusulas de reequilibrio económico-financiero y garantías que reducen el riesgo regulatorio percibido por el inversor. Argentina puede fortalecer esos mecanismos sin una reforma de fondo: alcanza con jurisprudencia consistente y pliegos con buenas prácticas.

El tercer pilar es la asignación racional de riesgos. La experiencia comparada es clara: los proyectos que funcionan asignan cada riesgo a la parte mejor posicionada para administrarlo, no buscan trasladar la mayor cantidad posible al sector privado. Un pliego que sobrecarga de garantías al oferente no protege al Estado: encarece el proyecto o lo vuelve inviable. Diseñar bien la matriz de riesgos es, paradójicamente, la forma más eficaz de proteger el interés público.

El cuarto pilar es la transparencia a lo largo de todo el ciclo del proyecto, no solo en la licitación. Los organismos multilaterales que hoy financian infraestructura priorizan cada vez más a los países que muestran trazabilidad completa, desde la factibilidad inicial hasta la operación y el mantenimiento. Argentina tiene margen para consolidarse como caso de buenas prácticas, apoyándose en la experiencia ganada en organismos como el propio BID y en la Oficina Nacional de Contrataciones.

El quinto pilar es la capacidad técnica estatal que trasciende los ciclos electorales. Ningún esquema de PPP funciona si cada cambio de gestión implica reconstruir desde cero el equipo que negocia, estructura y supervisa los contratos. Perú sostuvo su modelo en parte porque profesionalizó a los equipos técnicos de Proinversión, con independencia del gobierno de turno. Ese es quizás el desafío institucional más exigente para Argentina, pero también el de mayor efecto multiplicador: una vez construida, esa capacidad se vuelve un activo que ningún gobierno desmantela de un día para el otro.

La tentación que conviene nombrar

Hay un riesgo que Argentina ya mostró que puede correr: reaccionar frente al fracaso de 2018-2021 profundizando garantías, penalidades y resguardos jurídicos en el próximo pliego, en lugar de atacar la causa real. Es el mismo reflejo de nuestra contratación pública: cada incumplimiento agrega una capa de control, hasta que la sobreprotección encarece o vacía de competencia la oferta. Pero ningún candado contractual compensa la ausencia de estabilidad macroeconómica: multiplicar garantías sobre un esquema que ya sufre por falta de crédito solo eleva el costo que termina pagando el Estado. La lección de 2018 no pide un pliego más blindado: pide un país bancable.

Lo que ya está construido

Vale la pena repetirlo: Argentina no parte de cero. El régimen de 2016 fue diseñado con estándares internacionales y consenso de distintos sectores, y existe una masa crítica de profesionales del sector público y privado con experiencia real en estructuración de PPP. Lo que falta no es un nuevo marco normativo, sino una decisión sostenida de entender el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica como política de Estado, con continuidad más allá de una gestión.

Esa es, en definitiva, la lección más útil que deja el caso peruano. No es una lección sobre técnica contractual, sino sobre continuidad macroeconómica: la diferencia entre un instrumento que se usa de manera esporádica y uno que se vuelve la forma normal de construir infraestructura durante veinte años.

Argentina tiene delante suyo la oportunidad de recorrer ese camino. El punto de partida ya existe. Lo que resta es la decisión de sostenerlo en el tiempo, más allá de cualquier gobierno en particular.